PROYECTO QUE DESPENALIZA AUTOCULTIVO DE MARIHUANA

Salud-Nacional.- Previo a que se inicie la votación en particular del proyecto que despenaliza el autocultivo y uso medicinal de la marihuana, programada para hoy martes 4 de octubre, -de 17:30 a 20:00 horas- la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibió al Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y al jefe de la Unidad Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas del Ministerio Público, fiscal Luis Toledo, quienes se refirieron a la moción parlamentaria e hicieron énfasis en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

El Subsecretario Aleuy señaló que las orientaciones generales que se han establecido para presentar las propuestas en relación a la iniciativa, tienen que ver con combatir el narcotráfico, poniendo el foco en grupos y actores de mayor relevancia.

Para ello, indicó, “se busca mejorar el sistema de enajenación temprana y ejecución de bienes decomisados, porque a la fecha cuesta mucho proceder a decomisar los bienes que los narcotraficantes derivan a familiares o a otras personas. Sancionar con mayor severidad el tráfico y el microtráfico, cuando se produce venta a menores de edad, y ahí elevar las penas. Finalmente, actualizar la normativa de control de propulsores y sustancias químicas esenciales, estableciendo un sistema de vigilancia permanente”, detalló.

“Creemos que con estas iniciativas específicas podemos, efectivamente, concentrarnos como corresponde en los microtraficantes y narcotraficantes, dado que los consumidores en Chile, básicamente son personas que tienen una cantidad muy inferior a seis plantas”, comentó.

Agregó que, en ese sentido, existe la convicción de que en la medida que se construya una regulación adecuada se podrá ir despejando el tema del consumo, situación que va a permitir a las policías concentrarse en los problemas que realmente tiene el país en relación al narcotráfico. “Nosotros no somos un país que califique a nivel mundial el consumo, somos un país de tránsito y, por ese hecho, estamos obligados a tener políticas mucho más severas desde el punto de vista de la persecución al narcotráfico”, remató.

Ley 20.000 y mecanismos de control.- Para profundizar en la materia, el jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Eduardo Vergara, sostuvo que el principal foco es entregarle mayores y mejores sistemas de investigación y persecución penal, tanto a las policías como al sistema judicial, buscando descongestionar el tiempo, trabajo y uso de recursos por parte de las policías en la persecución.

“Entendemos que el espíritu de la Ley 20.000, tanto el inicial como el que va a tener durante este debate, va de la mano con una efectiva persecución. Si miramos las detenciones por esta norma, a contar del 2009 y 2010, vemos que la proporción de detenciones de microtraficantes y narcotraficantes va aumentando en comparación con la disminución de detenciones a portadores y consumidores, esto atiende no solo al espíritu original de la norma, sino que habla de que vamos por la senda de entregar mayor eficiencia en la persecución penal”, argumentó.

En este contexto, Vergara resaltó que más del 50% de las denuncias que se hacen son a los hogares que tienen una planta, lo que significa que los recursos policiales que se usan para ir a ese domicilio y también para entrar al sistema judicial son recursos que se podrían estar usando en la persecución de los grandes traficantes.

Por su parte, el fiscal Luis Toledo aseguró que en lo que respecta a la determinación de la cantidad, en materia de política criminal, el mensaje es igualmente perverso. “Basta para quien decida traficar o vender, ajustar sus dosis a la cantidad permitida para portar o cosechar”, puntualizó.

Añadió que, lo anterior, desincentiva la investigación criminal en materia de tráfico ilícito de marihuana, creando lagunas de impunidad en organizaciones que ajusten sus dosis a la cantidad permitida y de este modo, reciben sus ganancias ilícitas.

Asimismo, Toledo añadió que la despenalización del uso de la cannabis, para uso medicinal, es aparentemente contradictoria con la política sanitaria del país, en la medida que no se trate de medicamentos aprobados y registrados por el ISP. “Existe la necesidad de establecer políticas públicas en base a evidencia científica”, afirmó.

Entorno a la presunción del derecho, expresó que se estima indispensable determinar un espacio de protección para el consumidor, estableciendo una cantidad precisa para consumo, porte o cultivo. “Creemos que aquella debería quedar en la indicación hecha desde del Ejecutivo, comparativamente equivalentes con las legislaciones de Holanda y Bélgica”, describió.

Sin embargo, señaló que, “es inconveniente establecer tal protección a través de una presunción de derecho, pues aquella rompe con el principio de libertad probatoria en materia penal. La misión de una presunción legal de derecho, es concretizar máximas de experiencia, no establecer causales de exención de responsabilidad penal”, Explicó.

Finalmente, el fiscal Toledo aseguró que, si bien el proyecto esta propuesto en función de los consumidores, es importante ver cuál es el mensaje que se hace a las organizaciones criminales que están vendiendo a los consumidores. “La política criminal debe resguardar la autonomía personal de todos los ciudadanos, pero a la vez debe entregar herramientas eficaces de control para la investigación penal que contribuye con la seguridad”, enfatizó.

Por último, y considerando el bien jurídico protegido de la Ley 20.000, recalcó que todas las decisiones que puedan adoptarse en esta materia deben mirar necesariamente cuál es la evidencia científica que pueda justificar ser más tolerante o represivo en este ámbito.

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